Arturo Carrión, director ejecutivo de la Asociación de Bancos, aceptó que no ha tenido la oportunidad de conocer las propuestas presentadas para solucionar la crisis de Retiro, por lo que no puede opinar. Adelantó que cualquier medida afectará al consumidor, incluyendo a los pensionados, que afirmó no dejan de ser consumidores.

"Necesito tener la información para poder tomar un juicio. Sin embargo, me preocupa el efecto que estas medidas puedan tener sobre el consumidor, que finalmente resultará ser el más afectado. En realidad la banca ha aportado muchísimo al desarrollo económico del País y lo continuará haciendo. Ahora habrá que esperar las determinaciones tomadas para analizarlas y ver cómo afecta al consumidor, al servicio de la banca, a las megatiendas y al comercio en general", afirmó Carrión.

Mientras tanto, Pablo Figueroa, presidente de la Cámara de Comercio, en representación de las megatiendas, se propone analizar las propuestas para radicar un comunicado de prensa donde expresarán su posición oficial.

Entre tanto, Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), sí recomendó imponer a dichos sectores un aribitrio especial sobre el valor de la propiedad mueble de 4%, lo que generaría un estimado en recaudos de $80 millones anuales.

De igual manera, Roberto Aquino García, presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, presentó entre sus propuestas que las cadenas de tiendas multinacionales con ventas brutas de $1,000 millones, coloquen en la banca local un 25% de ese dinero y de ese porcentaje el 5% sea destinado a Retiro. Agregó, que de los fondos no acreditados a las cuentas que genera el banco por el dinero depositado eletrónicamente de los pensionados y empleados del Gobierno, desde el momento del depósito hasta el momento en que está disponible para retiro, se imponga un interés de un 2% por esa ganancia.

Aquino García igualmente apoyó la medida para que los bancos aporten 50 centavos del cargo que cobran por el uso de tarjetas ATH, para ayudar a Retiro. Aclaró que esta medida debe establecer que dicho cargo no se puede incrementar ni pasar al consumidor. Sostuvo que la banca es uno de los sectores que más se beneficia de los empleados públicos y de los jubilados, ya que en su juventud disfrutaron de los intereses devengados por la compra de casas, autos y depósitos de ahorros y cheques, mientras en su edad de jubilación, reciben por depósito directo sus pensiones y el dinero del seguro social.

Asimismo, mencionó –entre otra alternativa– el imponer un 2% a las primas recaudadas por las compañías de planes médicos, incrementar a 5% el impuesto a las compañías foráneas, poner un tope anual a las pensiones, imponer un tributo de $20 a las tablillas de autos al momento de renovar el marbete, aumentar por $4 la inspección de los vehículos, legislar para detener aumentos salariales de los alcaldes en su último término de servicio y así evitar que reciban una pensión mayor. Propone igualmente revisar las pensiones de jueces a nivel del Tribunal Supremo.

Para Carlos R. Echevarría, representante de la Universidad de Puerto Rico ante la Junta de Retiro, las vistas públicas representan un mecanismo desgastado, donde la participación es desigual. Por ello, propuso una concertación social donde se pueda analizar, discutir y proponer alternativas para resolver el problema de Retiro y no para complacer a Standard & Poor's y a Moody's. Afirmó que de no lograrse esa concertación social, donde puso a la disposición del Gobierno la Universidad de Puerto Rico para realizar estudios al respecto, y de aprobarse el proyecto como ha sido presentado, muchas pensiones se convertirán en chatarra.

Por su parte el Sindicato de Bomberos Unidos presentó entre sus propuestas una Loto Dominical, que entiende puede generar $60 millones al erario, imponer una cuota por póliza a las compañías de seguro que expidan primas contra incendios, establecer una ley especial para regular o establecer una aportación a las máquinas tragamonedas y a los juegos en los casinos y establecer una cuota especial para los operadores de los peajes, para los operadores y establecimientos comerciales en los aeropuertos. A ello sumó la necesidad de detener la evasión contributiva, al igual que avaló más impuestos a la manufactura, la banca y a las megatiendas.

Asimismo, la Asociación de Empleados de Comedores Escolares de Puerto Rico, presento como su principal estrategia la sustitución del Impuesto sobre Venta y Uso (IVU) por el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), alternativa que entienden ayudará no solo a Retiro sino a los recaudos del Fondo General.

Todos los deponentes igualmente avalaron imponer mayores impuestos a los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y las bebidas carbonatadas. Igualmente coincidieron en que las tragamonedas ubicadas fuera de los casinos o las legalizan y las ponen a tributar o que las eliminen en su totalidad, ya que en la actualidad no aportan anda al Gobierno y se siguen proliferando.